Desde que comenzó el lockout de los empresarios agrarios un sinnúmero de interrogantes sobre el carácter del conflicto, el perfil de los productores y las medidas del gobierno han cruzado el debate político. Hay sobre todo uno sobre el que queremos enfocar la atención: ¿qué tipo de modelo es el de Cristina Fernández y el anterior de Kirchner? Algunos sectores del oficialismo consideran que estamos ante un nuevo modelo nacional y popular, de distribución de la riqueza radicalmente distinto a los predecesores. Por ese motivo se alinean incondicionalmente (o con algunas críticas pero siempre dándole su apoyo entusiasta) con la administración actual. Otros al revés, entienden que no hubo distribución de la riqueza ni este es un gobierno nacional y popular. Además como el modelo sojero y agroexportador ha sido impulsado por la política económica actual, se concluye que estamos en presencia de un gobierno antipopular y por lo tanto continuidad con los anteriores. Es muy frecuente escuchar que se le acusa de conservar el modelo neoliberal. Todo aquel que rechaza el carácter capitalista y concentrador de la administración actual está tentado a adoptar esta segunda posición, simple en sus argumentos, sencillo de explicar. Sin embargo, la realidad y complejidad del proceso político y económico que hemos vivido en los últimos años no permiten un análisis sencillo, por blanco y negro, y nos exige un esfuerzo por comprender los contrastes y claroscuros del modelo actual. Sólo de esta manera, haciendo un esfuerzo para comprender esa complejidad, es que los sectores anticapitalistas y de izquierda podrán pensar y diseñar una estrategia adecuada a la situación.

Algunas características distintivas

Uno de las características distintivas del nuevo esquema de acumulación capitalista desde el 2002 está dado obviamente por la modificación sustancial del tipo de cambio. La devaluación del peso respecto al dólar trajo cambios importantes en el balance de fuerzas al interior del bloque dominante: los exportadores pasaron a ser actores fundamentales, también y fundamentalmente la burguesía industrial extranjera radicada en el país o nacional, porque la devaluación significa una suerte de protección del mercado interno respecto a las importaciones baratas. Así se reactivaron industrias, la construcción, y avanzaron las exportaciones tanto agropecuarias como industriales. Los sectores de las empresas privatizadas vieron caer sus activos en dólares y los bancos sufrieron un proceso de reestructuración, salieron airosos, se recompusieron, pero ya no cumplen el papel ni poseen la fuerza política de antaño. Las consecuencias de este cambio no han sido menores: se crearon tres millones de puestos de trabajo, la economía ayudada por el contexto internacional de suba de materias primas exportables permitió un crecimiento del PBI y del superávit comercial, la recaudación impulsó el superávit fiscal y el robustecimiento de las reservas. De este modo el ciclo de reproducción capitalista se logró mediante una novedad respecto a los que sucedió en todos los años 90 e incluso desde fines de los años 80: un ciclo expansivo de la economía basados no en el ajuste ortodoxo del FMI, el apriete fiscal, o la reducción y eliminación de puestos de trabajo sino mediante la expansión del empleo, el consumo y la inversión. Luego de tantos años de recesión y achicamiento de la economía, donde no se podía casi ni pensar en pedir aumento de salarios porque teníamos más del 24 % de desocupados, dónde los índices de pobreza e indigencia eran alarmantes, la recuperación del ciclo económico favoreciendo la recuperación de la producción industrial permitió un aumento de la economía no sólo en base a las exportaciones que crean poco o muy poco empleo, sino también a la expansión del mercado local. Eso se sintió en los bolsillos de las familias. Al crearse empleos se redujo sustancialmente la pobreza y la indigencia y aumentó el salario no sólo nominal sino también el real, y en los últimos años lo hizo incluso el de los trabajadores en negro. Cuando todavía el salario estaba planchado como producto de la devaluación, el gobierno otorgó aumentos de salarios y jubilaciones por decreto. Con la disminución del desempleo aparecieron signos de recuperación en el movimiento laboral y los sindicatos se sintieron más fuertes para pedir aumentos de sueldos y mejores condiciones laborales. Son estas condiciones particulares las que permitieron un tan amplio apoyo popular a la gestión de Néstor Kirchner y la elección de Cristina con más del doble de los votos que el segundo candidato. Entre los sectores populares y obreros esa brecha se triplicó.

Elementos de continuidad

También es cierto que muchos de los elementos fundamentales que caracterizaron a la economía de los años 90 siguen en pie e incluso fueron rescatados o reforzados por el gobierno actual. El proceso de privatización no fue reconsiderado a pesar de las causas judiciales que indican la enorme pérdida que significó su venta, más allá del escandaloso y fraudulento proceso por el que se consumó. Las telecomunicaciones y servicios públicos son un caso, pero quizá el más emblemático de todos sea el de YPF, que poseía reservas y activos cuantiosos y que se vendieron cuando el precio del barril estaba cerca de los 15 dólares. Hoy está superando los 130 dólares. Argentina tuvo el raro privilegio de ser el único país que entregó un recurso estratégico como el petróleo. En fin, el gobierno actual profundizó ese esquema, y lo desarrolló en la minería. También reformuló el esquema de la deuda externa que no resolvió el problema sino sólo lo pateó para adelante. En el plano industrial carece por completo de un plan de desarrollo industrial de largo plazo y respecto al tema agropecuario sabemos que promovió el proceso de sojización y control de la comercialización y exportación a un puñado de empresas monopólicas. Hoy el estado, igual que en los años 90 carece de instituciones que permitan tomar el control del proceso productivo y de comercialización. Ni siquiera ha estado dispuesto a reconsiderar la vuelta a la junta nacional de granos y carnes frente a las presiones inflacionarias exteriores. Respecto al esquema impositivo sabemos que no ha sido modificado sustancialmente y que sigue siendo tan regresivo como antes, como lo demuestra el récord mundial del impuesto al consumo, el IVA que afecta a los sectores populares. En fin, estos son sólo algunos ejemplos de todos los elementos de continuidad con el período anterior.

Neodesarrollismo

Aún con todos los elementos de continuidad que hemos mencionado, está claro que el esquema de dominio del capital hoy es distinto que en los 90 y eso también repercute en las instituciones del estado. Por ejemplo hoy el papel regulador del Banco Central y las intervenciones del estado en el esquema impositivo, como las tan debatidas retenciones móviles que permiten desacoplar el precio internacional de los alimentos del precio del mercado interno, impidiendo un alza catastrófica de los mismos. Es decir, se han modificado algunos de los preceptos más duros de la política de libre mercado. El salario real creció y la pobreza disminuyó, la distribución del ingreso incluso achicó su desigualdad levemente, pero a su vez la participación de los salarios en el PBI, es decir, la parte de la torta correspondiente a los trabajadores disminuyó, lo que indica que a los capitalistas les fue mejor, ganaron y se llevaron una porción mayor de la creación de riqueza. Como no estamos en presencia de un proceso “keynesiano” de creación de obra pública e incentivo al consumo popular vía crédito, plan de viviendas masivo ni una redistribución del ingreso real, como sí la hubo en la época del primer peronismo, al que no se le parece ni de lejos, le hemos llamado neodesarrollismo, aunque el nombre es lo de menos, simplemente se trata de distinguir y comprender los rasgos específicos del actual esquema que no tienen ni la fisonomía del neoliberalismo de los 90 ni de un keynesianismo intervencionista, aunque contiene rasgos más de uno que de otro, de ambos modelos.

Esquema económico y relaciones de fuerza

Los cambios sucedidos no son el producto de modelos “ideados” en el escritorio de algún dirigente político ni las transformaciones económicas se dan al margen de la lucha de clases, de la contienda de fuerzas políticas vivas. La convertibilidad no se pudo mantener ni desembocó en la dolarización que sufrió Ecuador porque para ello era necesario un ajuste fiscal suplementario, una reducción del salario nominal y mayor desempleo. Y esas condiciones dependían de consideraciones políticas. La caída del esquema de la convertibilidad tuvo un componente político indiscutido: la resistencia de los sectores populares que le pusieron límites infranqueables a las políticas neoliberales. El estallido final vino en diciembre del 2001 pero se acumularon en los años previos de resistencias. Esas resistencias han tenido actores colectivos concretos: movimientos piqueteros, manifestaciones y huelgas de docentes y empelados públicos, etc. Y también de la opinión pública, pues las clases subalternas han impuesto un umbral a lo que llamamos la economía moral, umbral por debajo del cual es legítimo el derecho a la rebelión. Ese umbral era el desempleo creciente, el hambre en el país del trigo y la leche. Por eso los piqueteros recibieron el caluroso apoyo de la población y le logró una provisoria alianza entre los ahorristas esquilmados y los desempleados. Lo que surge con posterioridad no es ni podía ser indiferente a esas circunstancias, a esas relaciones de fuerza nuevas que se expresaron y expandieron en el argentinazo. El gobierno de Duhalde con los planes jefes y jefas primero y en segundo lugar y sobre todo el de Kirchner no fueron indiferentes a los reclamos de la calle. La política en el terreno de los derechos humanos que implica avances importantes reclamados por las organizaciones del sector durante tanto tiempo, una retórica de independencia del FMI y de soberanía nacional, los discursos nacional-populares, la revisión parcial en materia de jubilaciones, y muchas otras medidas no fueron más que un tributo del partido de orden a las nuevas relaciones de fuerza creadas por la rebelión popular. Sólo sobre una base “progresista” podía ser restablecido el orden político y social. En conclusión, no se trata de las bondades del gobierno de Kirchner sino de nuevas relaciones de fuerza que exigían un esquema económico que no podía estar basado en el ajuste permanente. En los hechos la devaluación fue una forma monetaria de cambiar un esquema de desempleo extremo y salarios altos en dólares por otra de empleo con salarios más bajos pero con una masa salarial total mayor. Esa transacción fue el precio que la clase dominante tuvo que pagar a la lucha histórica y única de los desocupados en este país. En definitiva podríamos decir que el gobierno que asumió en 2003 fue la expresión de la rebelión popular, expresión distorsionada, desviada. El PJ como único partido en pie canalizó y desvió el movimiento popular, pero no lo hizo esencialmente mediante la represión sino tomando desde el poder ciertas demandas de abajo, un fenómeno peculiar que se ha dado en la historia de muchos países, una esterilización desde el poder de la activación política de los explotados cuando se adoptan algunos puntos de los reclamos populares. En definitiva estamos en presencia de un gobierno cuyo esquema no puede ser definido sin más como continuidad del neoliberalismo de los años 90, como sí podríamos caracterizar con matices al Chile de Bachelet, el Uruguay de Tabaré y al Brasil de Lula, como tampoco podemos encasillarlos, como lo hacen los movimientos sociales afines al gobierno, como una variante de procesos como el de Venezuela o Bolivia, países donde se han tomado medidas populares y donde los gobiernos nacionalistas de izquierda ni son representantes ni queridos por sus burguesías nativas. Si quisiéramos ser esquemáticos y asignarle una ubicación espacial diríamos que Argentina se encuentra hoy entre ambas variantes mencionadas.

La construcción de una alternativa de izquierda

Si no comprendemos la relación que tienen ciertas medidas de política económica en relación a los nexos contradictorios del personal político con las clases dominantes y las clases subalternas, no podemos entender ciertas medidas progresistas que ha tomado el kirchnerismo y entonces nos parece que es la expresión genuina del movimiento popular como creen muchos intelectuales que apoyan al gobierno o los movimientos sociales kirchneristas o, al revés, negamos esa realidad y creemos que es todo demagogia, que esas medidas en realidad no existen o bien que esconden las peores plagas, como creen algunos grupos de la izquierda sectaria. El tema de los derechos humanos es emblemático. Por eso tampoco podemos entender las contradicciones actuales si vemos al gobierno como una expresión directa, sin mediación, de la burguesía más concentrada. Es cierto que el objetivo del gobierno es la reproducción de las relaciones de clase que hoy benefician a esos grupos, pero la gobernabilidad depende, por lo que comentamos antes, de cierto apoyo popular, de su base electoral sin la cual no es nada. Por eso medidas como las retenciones móviles no sólo tienen que ver con favorecer a la burguesía industrial en la puja por la renta, cosa realmente cierta, sino también impedir una escalada inflacionaria que pulverizaría el salario real y con él las ambiciones políticas del elenco dirigente. No disputan un modelo distinto, burguesía industrial y agropecuaria vinieron conviviendo mientras el gobierno no pretendía ni pretende modificar la estructura básica del neodesarrollismo que tanto favoreció a la burguesía agraria. Pero la agudización de las pujas distributivas muestran claramente que el proyecto ruralista, ligado directamente y sin intermediarios al mercado mundial, es indiferente al empleo y el salario, como lo ha sido durante todo el siglo XX, y siempre encolumnado con las fracciones políticas más de derecha, alérgicas a cualquier “populismo intervencionista” por más tibio que sea, afinidad electiva que hoy los coloca como trinchera política de las Carrió y los Macri.

La forma de encarar una lucha seria y consecuente para superar el tibio neodesarrolismo gubernamental y construir una opción estratégica de los explotados, de características anticapitalistas, democráticas y antiimperialistas, no pasa por negar las medidas gubernamentales que sean progresivas como las retenciones móviles, mucho menos sumarse al coro reaccionario de los piquetes de las rutas, sino mostrar a cada paso las limitaciones insalvables del esquema actual, desenvolviendo un programa y una perspectiva que contemplen medidas transicionales como un nuevo esquema impositivo progresivo basado en impuestos a las ganancias, medidas de defensa nacional como las juntas nacionales de granos y carnes, la recuperación de las áreas estratégicas de la economía como el petróleo y la generación y distribución de energía, un nuevo ordenamiento laboral para la eliminación de la precariedad, subsidio universal para hijos como reclama el CTA para combatir la pobreza, un plan nacional de viviendas y obras públicas entre otras muchísimas medidas a las que tanto la administración anterior como la actual se han negado de lleno incluso ante la amenaza reaccionaria de un lockout brutal como el que estamos viviendo.