El gobierno brasileño decidió legalizar la privatización de la selva del Amazonas. Ayer, el presidente Lula da Silva promulgó una ley que prevé "regularizar" la tenencia de tierras en la floresta por individuos que, en el pasado, se apoderaron de ellas en forma ilícita para cultivar soja y actividades pecuarias. Esto significa entregar 67,4 millones de hectáreas a manos de personas físicas que podrán disponer de extensiones de hasta 1.500 hectáreas. El área en juego equivale a la suma de las superficies de 5 grandes provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La polémica ley es una derrota de los ambientalistas y un triunfo de los ruralistas.

La Amazonia brasileña ocupó primitivamente 5 millones de kilómetros cuadrados. No se sabe cuánto ocupa hoy. Pero hay algunas pistas: de ese total, solo 100.000 km2 están preservados por ser reservas indígenas y otros 200.000 se destinaron a la explotación sustentable; el grueso es selva pública que cubre 1,9 millones de km2 y debería ser un santuario. En principio, la medida legislativa cuyo texto fue mandado al Parlamento por el Ejecutivo y aprobado con modificaciones, algunas sustanciales, tenía un justificativo: transparentar la posesión de latifundios por parte de empresas o personas y evitar, al menos en teoría, que en esas grandes haciendas se derribe floresta en exceso. De acuerdo con el código forestal brasileño, un estanciero -físico o jurídico¿solo puede derribar 20% de la selva para fines productivos.

La nueva ley, que Lula aprobó a última hora de la noche con vetos, contiene elementos muy controvertibles. Según los ambientalistas, el objetivo de los ruralistas no es solo conseguir la ley porque legaliza la propiedad de tierras que pertenecían al Estado. Según las Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Greenpeace y World Wide Fund for Nature (WWF), el segundo paso de los grandes propietarios es derribar el Código Forestal. "Ya está en discusión en el Congreso y es el paso que falta para legitimar la devastación de la floresta" reveló Igor Santos, director de prensa del Movimiento de los Sin Tierra (en el pasado íntimo aliado de Lula).

En las ONG sostienen que una parte de las tierras que serán entregadas a sus actuales poseedores ya perdió la floresta. Pero otra parte permanece virgen. Y es esa porción la que será víctima a corto plazo de las sierras y los incendios. Para los expertos, bastaba utilizar las tierras que ya perdieron la floresta y que sin embargo todavía permanecen improductivas para producir suficientes alimentos, no sólo para Brasil sino también para el resto del mundo. De acuerdo con los medios brasileños esta ley pasará a ser conocida como el "decreto del grillaje". Se lo llama así porque los títulos de propiedad de grandes extensiones amazónicas fueron fraguados por sus presuntos dueños como si se tratara de documentos antiguos por el simple método de dejar los papeles durante un tiempo en cajas con grillos. El insecto horada el papel y su defecación lo amarillea.

Entre los puntos más controvertidos de la medida es que permite vender las tierras a sus flamantes propietarios en apenas 3 años. Esto crea un inesperado negocio inmobiliario agrícola. En el Senado, fue justamente el bloque del agro el que peleó por la ley de regularización de la tenencia. "Esto les da seguridad jurídica y permite que la explotación se realice sin tener que pagar multas o ser desplazados de esas tierras", indicaron a Clarín.

En el auge de la batalla, ahora perdida, el ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, llamó a los productores rurales de "embusteros". Sin embargo, Lula tomó distancia de su funcionario. Y según sus declaraciones está "orgulloso" que estancieros que tenían apenas 50 hectáreas en Río Grande del Sur "hoy tengan 2.000 hectáreas (en la selva amazónica), posean casa y auto. Están bien con la vida porque produjeron, trabajaron". Lo dijo esta semana en el municipio de Alta Floresta, en el norte de Mato Grosso. Ese estado, que forma parte del Amazonia, figura entre los más devastados por la acción predatoria humana.