13-1-2010

El anuncio de Cristina Fernández a mitad de diciembre sobre la creación de un Fondo del Bicentenario para darle garantía a los acreedores externos en la nueva apertura de las negociaciones por la deuda externa y la reticencia de Redrado a ejecutar el decreto abrieron una crisis política de magnitud. La rebeldía del presidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado, su despido por decreto y su restitución por la jueza Sarmiento, la apelación del gobierno, la judicializació n del tema, la convocatoria de la oposición a cesiones extraordinarias, son los pasos que le siguieron en esta verdadera comedia de enredos. El gobierno sostiene que hay una conspiración destituyente, mientras la oposición de derecha con Julio Cobos a la cabeza salió en defensa de la “institucionalidad” y de la “independencia del Banco Central”. ¿Qué es lo que se juega de fondo en esta crisis?

El Banco Central y su autonomía

Una de las más furiosas críticas que podemos escuchar desde la oposición de derecha es el supuesto ataque a la “institucionalidad” , ya que se estaría violando la autonomía del Central. Y esto no resulta nada novedoso: la autonomía de los bancos centrales es una gran conquista de la derecha neoliberal que ha logrado insertarse en el sentido común de una parte de la población. Su fundamento es que los gobiernos están presionados por necesidades políticas de corto plazo que los pueden llevar a practicar políticas “demagógicas” (que significan, en el idioma liberal, políticas expansivas dirigidas a reducir el desempleo, políticas públicas activas, créditos baratos). De modo que es necesario, siempre según los brillantes teóricos liberales, proteger a los bancos centrales de las garras del Estado (“El Estado es un predador insaciable” dijo Biolcatti, paladín de la institucionalidad, en el tradicional auditorio de la Sociedad Rural). Así, postulan que la estabilidad monetaria esté en manos de verdaderos tecnócratas, a salvo de la demagogia y el populismo. Es la manifestación concreta de aquella máxima que postula la escisión entre economía y política, y entre estas y la ideología. Los orígenes de este postulado liberal se encuentran la Ley de Entidades Financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977; y la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, sancionada el 23 de septiembre de 1992 por la Ley 24.144, cuyo autor intelectual fue Domingo Cavallo.

Resulta harto complicado imaginar un Estado transformador y al mismo tiempo incapaz de fijar tasas de interés, controlar la base monetaria, la emisión de moneda, el control de cambios. Interesante institucionalidad esta que, en los papeles, subordina al Soberano por debajo del tecnócrata; y, en los hechos, al Estado por debajo del mercado. Por eso rechazamos la pretendida autonomía del Banco Central, ya que la misma es una herramienta central y legítima de cualquier política económica que impulse el Estado. Los tímidos intentos que se realizaron para modificar la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Entidades Financieras chocaron con la firme oposición tanto del oficialismo como de la oposición. Ambos sostuvieron el esquema neoliberal de un BCRA “independiente” , es decir, ajustado a los preceptos de la ortodoxia económica que nos llevó a la catástrofe del 2001. No por casualidad todos sus presidentes, como el mismo Redrado, fueron y son de la escuela de los Chicago Boys y hombres confiables del establishment financiero internacional. En estas condiciones, la defensa actual de la “institucionalidad” del BCRA no es más que una coartada reaccionaria que sólo busca aplicar una receta de ajuste fiscal y contracción del gasto público. Partidos como la CC, UCR o el PRO denuncian que el Fondo del Bicentenario tiene el objetivo de “seguir expandiendo el gasto público” que estaría en el origen de la “creciente inflación”. El diario Clarín denuncia que el gobierno quiere “hacer ‘caja’ igual que Chávez” y juntos exigen medidas de ajuste y restricción monetaria como única herramienta para frenar la subida de los precios. Está claro que este programa antikeynesiano no es más que la vieja receta del ajuste cuya consecuencia no puede ser otra que la recesión, el desempleo y mayor pobreza.

Pero la paradoja consiste en que el gobierno fuerza la situación en el BCRA no para anunciar una política de mayor independencia económica y mejora distributiva, sino ¡para volver a los mercados financieros y pagar la ilegítima deuda externa! Estamos entre la sartén y el fuego…

El Fondo del Bicentenario

El “Fondo del Bicentenario” consiste en crear un fondo con aproximadamente el 15% de las reservas del Tesoro para asegurar pagos o para ser utilizadas como garantía para tomar nuevos créditos. De esta manera, luego de despotricar contra el FMI y demostrar que la Argentina pudo defenderse de la crisis internacional por estar parcialmente desconectados de los circuitos financieros internacionales, luego de llenarse la boca con la defensa de la independencia nacional y la soberanía económica, de advertirle a los tenedores de bonos que no habría nuevas ofertas, se dispone, nada menos que en el año y con el nombre de Bicentenario, a volver sobre sus pasos y encarar la vuelta a los mercados.

La deuda externa argentina fue originada en su mayoría por la dictadura militar, que se endeudó para facilitar la bicicleta financiera y estatizar deudas privadas. De 1977 a 1982 pasó de 6 mil a 23 mil millones de dólares.

La historia reciente de nuestro país nos muestra que la colocación de deuda y los diversos mecanismos financieros (canjes, etc.) han beneficiado sistemáticamente a los capitalistas y rentistas, a los grupos económicos más concentrados. Así fue con la tristemente célebre “tablita” de Martínez de Hoz, que preveía con anticipación una devaluación de la moneda que favorecía todo tipo de maniobras especulativas. Así fue también en el ’82, cuando Cavallo, desde el Banco Central, estatizó la deuda privada, cargando sobre las espaldas de toda la sociedad las deudas contraídas por un puñado de bancos y empresas. El mismo mecanismo de salvataje fue utilizado en el 2002, que por medio de la pesificación licuó las deudas de las grandes empresas que estaban virtualmente quebradas, como es el caso del Grupo Clarín.

Y para colmo el Estado nunca quiso investigarla. Sin embargo el juez Ballesteros, que entiende en la causa denunciada por Alejandro Olmos falló en el año 2000, determinando 477 ilícitos junto a sus responsables técnicos y políticos con nombre y apellido. Aunque no fueron penados por la demora del juicio, de unos 18 años. Este fallo es histórico e inédito en el mundo: incluso la Justicia admite la estafa y la ilegitimidad de la deuda pública externa. Sin embargo ninguna de las instituciones del Estado, ni gobierno ni oposición en todos estos años, han exigido o han instrumentado las medidas correspondientes para descartar la deuda ilegítima. Algo muy diferente sucedió en Ecuador. Allí, a instancias del gobierno de Correa, se constituyó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) por decreto gubernamental y compuesta por auditores y economistas independientes del Gobierno, que investigó y analizó durante más de un año el conjunto de los casi 10 mil millones de deuda externa ecuatoriana, donde se encontraron actitudes fraudulentas en la contratación y negociación de deuda donde más del 80% corresponde a refinanciamiento, y apenas el 20% a proyectos de desarrollo.

Cristina Fernández declaró, en una clara respuesta a Pino Solanas, que no hay “deuda ilegítima” porque los gobiernos anteriores la han refinanciado y pagado. En conclusión: no se puede volver atrás. Con ese mismo argumento los sectores más reaccionarios se han resistido a derogar las leyes de impunidad y reabrir las causas por genocidio. En realidad lo que no hay es decisión política para investigarla, partiendo de los resultados de la investigación y sentencia del juez Ballesteros. Sólo el bloque de once legisladores de centroizquierda ha exigido que se investigue y no se pague la deuda ilegítima. También fue correcta de decisión de no apoyar la convocatoria de la CC, PRO y UCR de convocar a una sesión extraordinaria para discutir la situación de Redrado. Anunciaron que sólo apoyarán una sesión que discuta de fondo el contenido de la deuda pública. Pero esta exigencia no podrá imponerse si no es con una fuerte movilización popular de la CTA, los movimientos sociales, partidos de izquierda y todos los sectores populares, que acompañe este reclamo, e incluso exija que sea el pueblo el que decida si ya es tarde o no para investigar la deuda. ¡Que se convoque a un plebiscito y que decida el pueblo!

¿Qué hacer con las reservas ?

Una parte del abultado monto de las reservas de divisas sí puede y debe tocarse, pero no para retomar los pagos de la deuda externa sino para relanzar un plan de obra pública, vivienda, transporte, salud, educación e infraestructura, que impulse la creación de empleo y la demanda, el salario y las jubilaciones. Hasta ahora el gobierno intentó sostener la actividad económica por otra vía: el subsidio al capital privado como motor de la producción y el empleo. La nueva ronda de endeudamiento que la liquidez internacional ofrece como cantos de sirena, ¿será para seguir subsidiando a los bancos y empresas privadas? ¿Será para proveer de divisas las nuevas fugas de capitales? Desde fines de 2007 hasta fines de 2009 se han fugado del país entre 40 a 50 mil millones de dólares. Incluso Página/12 informó de maniobras fraudulentas en torno a la compra de los Boden 2012 (bonos de deuda pública) (Página/12, 25/06/09). Así, los nuevos créditos podrían tener el mismo triste final que todos los anteriores: favorecer la fuga de capitales y la bicicleta financiera.

Sin control de cambios, sin el dominio de la banca del Estado en el impulso económico, sin auditar y desechar la deuda externa ilegítima, el destino de los dólares será nuevamente el que tuvo en el pasado: subsidiar a aquellos sectores que se benefician de la especulación y la fuga de divisas.

Hay otro camino:

Auditar la deuda como hizo Ecuador en el último año y no pagar la deuda ilegítima, modificar la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Entidades Financieras, son las tres tareas fundamentales del momento. En un sentido más estratégico creemos que deben ser debatidas nuevas medidas tendientes a crear un nuevo circuito de capitales uniendo el país al ALBA, desarrollando el Banco del Sur en un sentido efectivo e integrativo, entre otras medidas que permitiría una desconexión parcial y defensiva de las presiones del capital financiero internacional. En definitiva, se trata de avanzar por un camino diferente, el de la unidad de los pueblos de América latina, el de su integración económica y el de la soberanía política.

Marea del Sur – Corriente Praxis – Agrupación Surcos

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